Guatemaltecos presentan demanda civil contra una empresa minera canadiense por daños resultados de un tiroteo en 2013

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Vancouver, 18 de Junio del 2014. Siete guatemaltecos presentaron hoy una demanda civil en una corte de Vancouver contra la Empresa Minera Canadiense Tahoe Resources Inc. por los daños que sufrieron el año pasado, cuando personal de seguridad de Tahoe les dispararon a quemarropa. Los hombres, residentes de San Rafael Las Flores, lugar en donde se ubica la mina El Escobal, propiedad de la empresa canadiense, alegan que Tahoe es legalmente responsable de la violencia que se ejerció sobre ellos, cuando estaban protestando pacíficamente.

Los demandantes están apoyados en Canadá por un grupo legal compuesto de abogados de Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM) y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ) y en Guatemala, están representados por el Centro de Acción-Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

Los demandantes alegan que el tiroteo fue un intento premeditado del personal de seguridad de la empresa minera para eliminar la resistencia al proyecto minero activo solitario de Tahoe – y que la empresa es culpable de agresión física. A pesar de la fuerte oposición de varias comunidades, Tahoe ha continuado el desarrollo del proyecto minero y comenzó la producción de plata comercial en enero de 2014. A principios de Abril de 2013, como una forma de protesta, los residentes de San Rafael Las Flores comenzaron a protestar pacíficamente en un camino público que lleva a la mina.

Las victimas afirman que el 27 de abril de 2013, el personal de seguridad de Tahoe disparó en contra de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta, garantizado en la Constitución Política de Guatemala. A pesar de que los hombres huyeron, los guardias de seguridad de la empresa minera los siguieron por el camino público y continuaron disparándoles.

“Me dispararon en la cara a unos pocos metros de distancia y luego me dispararon dos veces más, y todo porque me quedé con mi hermano pequeño y mi padre delante de las puertas de la mina,” dijo Luis Fernando García Monroy, quien tenía 18 años en ese tiempo. “He tenido múltiples cirugías, pero todavía tengo problemas para respirar, así no puedo trabajar y he perdido la capacidad de oler” agregó.

La demanda alega que el gerente de seguridad de Tahoe en Guatemala, Alberto Rotondo, un peruano-italiano que fue traído a Guatemala para laborar en el proyecto El Escobal, fue el quien ordenó los disparos. El 30 de abril, tres días después del tiroteo, Rotondo fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de Guatemala cuando estaba aparentemente tratando de huir. Él ha sido acusado penalmente en Guatemala por los delitos de obstaculización a la acción penal, lesiones graves y leves, y el maltrato de personas menores de edad. El proceso penal en su contra se encuentra en curso. Otro miembro del equipo de seguridad también fue arrestado y acusado de encubrimiento.

Seis de las siete víctimas del ataque se constituyeron como querellantes adhesivos dentro del proceso penal que investiga la Fiscalía de Delitos Contra Los Derecho Humanos del Ministerio Público de Guatemala.

La demanda en Vancouver alega que Rotondo tramó un plan para usar violencia contra los manifestantes pacíficos, y fabricó una historia, sobre que los manifestantes habían atacado a empleados de la mina, ordenó a personal de seguridad a manipular y esconder pruebas en la escena del crimen y trató de huir del país para evitar problemas legales.

“Rotondo debe ser castigado en Guatemala por sus actos criminales, pero incluso esto sería justicia parcial” dijo Rafael Maldonado, Coordinador Legal de CALAS. “Estos hombres de la localidad, al igual que muchos otros, estaban protestando por la presencia de la mina, ya que están preocupados por los posibles impactos ambientales y la falta de consulta a la población de San Rafael Las Flores. En lugar de consultar con ellos sobre sus preocupaciones, la empresa permitió que el personal de seguridad los atacara” dijo.

“Esta demanda canadiense trata de buscar la mayor razón de responsabilidad corporativa y el conducto de Tahoe” dijo Joe Fiorante, socio de CFM. “El caso está ante la Corte Suprema de la Columbia Británica porque Tahoe está incorporada en la provincia de la Columbia Británica, realiza negocios aquí y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Tahoe debe rendir cuentas por los graves daños que ha causado a las víctimas,” agregó.

Esta es la primera demanda civil en BC contra una empresa minera canadiense en materia de violencia en otro país. Mientras que un pequeño número de casos similares en Ontario y Quebec inicialmente no avanzaron, en gran parte por razones jurisdiccionales, tres demandas contra HudBay Minerals Inc. por supuestos abusos en Guatemala se están desplazando hacia el juicio en Toronto. En 2013, el juez en los casos dictaminó que una compañía matriz canadiense puede ser directamente responsable de su propia negligencia al no impedir los abusos por parte del personal de seguridad en relación con las operaciones en el extranjero.

“Las víctimas de la violencia relacionada con las empresas mineras canadienses en el extranjero están recurriendo a los tribunales canadienses, porque no pueden encontrar justicia en contra de las corporaciones en sus propios países, y porque creen firmemente que la ley canadiense se debe aplicar a las empresas canadienses,” dijo Matt Eisenbrandt, Director de Asuntos Legales del CCIJ. “La falta de reglamentación significativa en Canadá de las empresas transnacionales significa que los tribunales canadienses ofrecen la mejor vía para el resarcimiento real.”

Para más información:

Sitio web de CCIJ: http://www.ccij.ca/programs/cases/index.php?DOC_INST=24. Sitio web de CALAS: http://www.calas.org.gt/

Contactos:

Matt Eisenbrandt, CCIJ, +1-604-569-1778, meisenbrandt@ccij.ca (español e inglés)

Rafael Maldonado, CALAS, +502-5307-4250, rafamaldonado@calas.org.gt (español)

Joe Fiorante, CFM, +1- 604-689-7555, JFiorante@cfmlawyers.ca (inglés)

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