Asesinato de joven asistente de organización ambientalista en Guatemala indica aumento en riesgos para defensoras y defensores de derechos humanos

16 de noviembre de 2016

(Ottawa/Toronto/Vancouver/Reno/Washington/Guatemala) Organizaciones norteamericanas se muestran profundamente consternadas por el asesinato a balazos de Jeremy Abraham Barrios Lima, joven de 22 años, Asistente del Director General del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), el sábado en la Ciudad de Guatemala.

El grupo compuesto por organizaciones jurídicas, ambientales y de justicia social, al igual que redes de solidaridad, de Canadá y Estados Unidos públicamente da el pésame a la madre y dos pequeñas hermanas que sobreviven a la víctima. Asimismo, demuestra su extrema preocupación por la seguridad y labor de CALAS y de las comunidades afectadas por la minería con las que esta organización colabora. No se puede negar la importancia de este brutal asesinato en medio de la violencia, cada vez mayor, contra defensoras y defensores de la tierra y el ambiente, periodistas, y ciudadanas y ciudadanos que trabajan en importantes luchas ambientales y por la justicia social tanto en el país como en la región.

Jeremy Barrios fue cruelmente asesinado en manos de desconocidos por dos impactos de bala en la cabeza mientras realizaba diligencias en la Zona 4 de la Ciudad de Guatemala. En CALAS, tenía bajo su responsabilidad el manejo de información sensible, y no había recibido ninguna amenaza o advertencia sobre este ataque. No le fue robado ningún efecto personal. Se concibe su asesinato como un mensaje directo para el director y personal de CALAS. Aún se desconoce el motivo exacto del asesinato.

“Este ataque a la organización de nuestros compañeros es un golpe terrible y confirma una perturbadora continuación de amenazas y brutalidad hacia defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente en toda Guatemala. Hace tan sólo dos semanas que estuvimos en Vancouver con el director del área legal de CALAS, Rafael Maldonado, que estaba apoyando víctimas guatemaltecas de violencia vinculada a la minería. Instamos a que se investigue exhaustivamente el incidente con objeto de dar con los autores materiales e intelectuales de este asesinato, y que se brinde protección a CALAS y a su personal”, indicó Matt Eisenbrandt, Director del Área Legal del Centro Canadiense para la Justicia Internacional (Canadian Centre for International Justice – CCIJ).

“Nos preocupa sobremanera la seguridad y el trabajo de organizaciones como CALAS y de comunidades afectadas por la minería en todo el país. De acuerdo a los resultados de nuestro reciente estudio, los niveles más elevados de violencia física vinculada a proyectos mineros de empresas canadienses se registran en Guatemala”, dijo Leah Gardner, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresarial (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP) de la Facultad de Derecho Osgoode Hall en Toronto.

El informe de JCAP, titulado Canada Brand’: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, se publicó el 24 de octubre del 2016 y examina incidentes de violencia y criminalización en relación a veintiocho empresas canadienses en trece países latinoamericanos entre el 2000 y el 2015. El informe indica que al menos 44 personas fueron ultimadas durante este período, y de estos homicidios 30 fueron selectivos, mientras que más de 400 personas sufrieron lesiones, sin incluir accidentes laborales. También señala la persecución jurídica de más de 700 personas durante el mismo período, incluyendo arrestos y detenciones, por su labor en defensa de sus territorios, medios de vida, salud y ambiente.

“La situación de las y los defensores de la tierra y el ambiente en Guatemala y en Latinoamérica se está tornando cada vez más peligrosa. Es extremadamente urgente que el gobierno canadiense responda a las exigencias que plantearon más de 180 organizaciones latinoamericanas – incluyendo CALAS – en una comunicación dirigida a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, hace más de seis meses urgiendo que se tomen medidas para prevenir perjuicios sistémicos y garantizar el acceso a la justicia de personas y comunidades afectadas por los numerosos perjuicios que están ocurriendo”, afirmó Lisa Rankin de la Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala.

Entre otras cosas, la carta para el Primer Ministro Trudeau exige medidas que garanticen el respeto a las decisiones de muchas comunidades, tanto indígenas como no-indígenas, que se han pronunciado en contra de la minería a gran escala debido a los graves y dañinos impactos que ocasiona en el ambiente y el bienestar social. El documento también exige medidas que garanticen el acceso a los tribunales canadienses. En Guatemala, sin ir más lejos, se estima que 1 millón de personas votaron en contra de la minería en sus tierras y territorios vistos los impactos negativos en las áreas lindantes a proyectos de empresas canadienses como la mina Marlin de Goldcorp y Escobal de Tahoe Resources.

“Ante este fatal y devastador ataque, y la profunda aprensión producto de la continua militarización y amenazas contra defensoras y defensores de la tierra y el ambiente en Guatemala, reiteramos el interés de organizaciones en Estados Unidos y Canadá de forjar relaciones aún más solidarias con nuestras contrapartes guatemaltecas, apoyando su trabajo esencial para la salud de las comunidades y del ambiente” enfatizó Ellen Moore, de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN).

Amnistía Internacional Canadá, Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala, Canadian Centre for International Justice (CCJI), Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC), Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Proyecto de Acompañamiento Québec Guatemala (PAQG), Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Alerta Minera Canadá, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), Public Service Alliance of Canada (PSAC) y United for Mining Justice publican conjuntamente este documento.

Contactos:

  • Matt Eisenbrandt, Canadian Centre for International Justice (CCIJ), (604) 569-1778, meisenbrandt(arroba)ccij.ca
  • Leah Gardner, Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), (514) 267-8542 lgardner(arroba)justice-project.org
  • Lisa Rankin, Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala, btscoordinator(arroba)gmail.com
  • Ellen Moore, Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), (775) 348-7557, emoore(arroba)planevada.org

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