Demanda contra Tahoe Resources en Canadá obtiene visto bueno para ir a juicio, se considera la punta del iceberg con respecto a riesgos

12 de junio de 2017

(Ottawa/Oakland/Tatamagouche/Toronto/Washington D.C.) El lunes se emitió una alerta para inversionistas advirtiendo que los históricos desarrollos con respecto a la demanda contra Tahoe Resources en Canadá es tan sólo uno de los indicadores de serios riesgos en relación a su mina argentífera Escobal en Guatemala. El jueves 8 de junio, el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la apelación de Tahoe Resources, despejando así el camino para que una demanda civil contra la empresa avance a la etapa de juicio en la provincia de Columbia Británica por violencia en torno a su proyecto de Guatemala.

El alerta para inversionistas lo emitieron organizaciones ambientalistas y de justicia social con fuertes vínculos en Guatemala, e indica que el caso de violencia por el que se le hace juicio a Tahoe en Columbia Británica es sólo uno de los muchos incidentes de derechos humanos que aún no han sido resueltos en relación al proyecto. A su vez, existen alegaciones de corrupción en cuanto a las autoridades guatemaltecas que otorgaron los permisos para la mina, lo que brinda más razones para poner en tela de juicio el controvertido proyecto principal de la empresa. El alto riesgo que implican los continuos abusos a los derechos humanos que surgen de este proyecto, el cual ha suscitado una amplia oposición comunitaria, ya ha afectado la confianza de los inversores y debería motivar la desinversión de otros, concluye el alerta.

“Durante la etapa previa a la explotación comercial de la mina Escobal, la empresa y las autoridades guatemaltecas utilizaron una campaña de violencia, criminalización y militarización para suprimir la amplia oposición de las comunidades en relación al proyecto. Nos alegra que la demanda proceda a la etapa de juicio en Canadá y esperamos que los inversionistas reconsideren mantener su interés en la empresa”, observa Lisa Rankin de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala.

Entre el 2011 y el 2013, alrededor de 100 personas sufrieron persecución jurídica por haber organizado consultas comunitarias sobre la minería o haber participado en protestas pacíficas. En el 2013, con objeto de suprimir la oposición, el gobierno decretó estado de sitio y los guardias de seguridad de la empresa atacaron a manifestantes pacíficos enfrente de la mina. Siete hombres sufrieron heridas de armas de fuego al huir de los guardias de seguridad de la empresa. Pesan sobre Tahoe Resources acusaciones de negligencia y agresión física por este incidente, y es esa la base de la demanda civil que se presentó ante los tribunales de Columbia Británica.

“Las mismas autoridades guatemaltecas que obraron junto a Tahoe para suprimir la oposición al proyecto Escobal y que aprobaron las licencias finales de la empresa hoy día se encuentran en la cárcel o se las busca por su participación en escándalos de corrupción que derrocaron al último gobierno. La legitimidad y legalidad del proyecto Escobal es dudosa en el mejor de los casos”, comentó Becky Kaump de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala.

A principios de abril del 2013, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le otorgó a la empresa la licencia de explotación, haciendo caso omiso a los más de 200 recursos de oposición interpuestos por miembros de las comunidades por los posibles impactos ambientales de la mina. La falta de debido proceso en esta decisión es el objeto de una batalla que se mantiene vigente en los tribunales guatemaltecos, y ha resultado en tensiones continuas en las comunidades locales. Los daños a casas por temblores que se cree son producto de actividades mineras, además de la pérdida de fuentes de agua desde el inicio de las operaciones de la mina, han generado protestas y un creciente  descontento en la población.

“En Europa fondos de pensiones multimillonarios ya han vendido su participación en la empresa debido a los tremendos abusos a los derechos humanos y los constantes riesgos financieros que el proyecto impone. Es hora de que otros inversionistas vendan su participación en Tahoe y respeten a las decenas de miles de miembros de comunidades que se han expuesto a notables riesgos para expresar su oposición a este proyecto debido a temores por el agua, por sus tierras, y por la paz en sus comunidades”, concluyó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

El Alerta para Inversionistas se encuentra disponible aquí (inglés). Un informe sobre la falta de transparencia de la empresa en relación a estos riesgos, que se presentó a la Comisión de Valores de Columbia Británica, se encuentra disponible aquí (inglés).

Contactos:
Lisa Rankin, Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala, (902) 615-0704, btscoordinator(arroba)gmail.com

Caren Weisbart, Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera, weisbart(arroba)gmail.com (647) 466-6643

Becky Kaump, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), +011 (502) 5575-2058, becky(arroba)nisgua.org

Jen Moore, Alerta Minera Canadá, 613-569-3439, jen(arroba)miningwatch.ca

Kelsey Alford Jones, Center for International Environmental Law, (202) 742-5854, kalford(arroba)ciel.org

 

Informe Europeo tacha a Tahoe Resources de “inversión nociva”, revela desinversión de fondos multimillonarios

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9 de febrero de 2017

(Ottawa/Reno/Guatemala) Tahoe Resources es una de las catorce empresas que figuran destacadas por ser una inversión peligrosa, en la quinta edición de “Dirty Profits” de la organización Facing Finance que se presentó el día de hoy en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

La publicación indica que dos fondos de pensiones multimillonarios europeos han vendido su participación en la empresa, el Pensioenfonds (PGB) de Holanda y el Norges Bank Investment Management de Noruega. El grupo insta a que se impongan normas vinculantes a las instituciones financieras y a que se elimine de sus carteras esta y otras inversiones nocivas.

Entre los problemas que cita figuran la falta de respeto de Tahoe Resources hacia las comunidades que han manifestado de manera pacífica y democrática su oposición a la mina Escobal en el suroriente de Guatemala, y una campaña de persecución por medio de demandas infundadas, incidentes violentos y militarización.

“El estado de Guatemala junto con la empresa minera se prestan para criminalizar a quienes luchamos para defender nuestro territorio, sobre todo a los que defendemos el medioambiente y los derechos humanos. Pero el estado es corrupto, por dinero se vende y criminaliza a la gente, acusando de grandes delitos, para que uno se quede callado. Pero, al contrario, nosotros somos personas campesinas trabajadores y en vez de que nos callen la boca, más con ganas  seguimos luchando porque es algo para nuestros hijos”, Oswaldo Anavisca Morales, miembro de la Sociedad Civil de Mataquescuintla en el departamento de Jalapa.

El artículo sobre Tahoe Resources detalla también que se le otorgó a la empresa un permiso de operaciones sin tomar en cuenta los más de 200 recursos que se habían interpuesto en contra de la licencia debido a preocupaciones por el ambiente. Los funcionarios que tomaron esta decisión renunciaron a mediados del 2015 ante serias denuncias de corrupción.

“Lo que nos duele efectivamente es como los Ministerios y las cortes defienden a estas empresas, como el Ministerio de Energía y Minas. […] No sé por qué estos grandes inversionistas y las autoridades no abren los ojos, y ven que [la empresa] no nos respeta como guatemaltecos, o seres humanos”, Julio Osorio, coordinador de la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) del municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa.

La pérdida del suministro de agua, la contaminación, al igual que las divisiones y conflictos sociales son tan sólo algunos de los impactos que le preocupan a otro miembro de CODIDENA.

“A los inversionistas, les hacemos un llamado, que se pongan la mano en el corazón, que tengan conciencia, y que no inviertan su dinero en proyectos que ocasionan la muerte. Queremos proyectos de vida, que generen trabajo para nuestros jóvenes, para las mujeres y nuestros esposos, pero más para la juventud”, observó Paty Gregorio de Arriaga del municipio de Nueva Santa Rosa.

Tahoe Resources y el estado han impuesto el proyecto Escobal, al igual que otras concesiones en la región, a pesar de las 18 consultas municipales y comunitarias que organizaron CODIDENA y otros grupos locales, en las que más de 55,000 personas en siete municipios votaron en contra de la minería, desde el 2011.

En un reciente fallo que sienta precedentes sobre una demanda por violencia en la mina Escobal, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica reconoció la desigualdad de condiciones que favorece a las empresas en Guatemala.

El fallo se dictó en enero del año en curso e indica que: “existe un cierto riesgo cuantificable de que les será difícil a los apelantes recibir un juicio justo contra una poderosa multinacional cuyos intereses en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco. Este factor distancia a Guatemala de ser el foro más adecuado”.

El Fondo de Pensiones Canadiense, que en el 2014 invertía $49 millones en acciones de Tahoe Resources, ya no registra acciones de la empresa. Por su parte, una empresa estadounidense para el manejo de inversiones, TIAA-CREF, recientemente aumentó su interés en Tahoe Resources, ahora con acciones valoradas en más de US$12 millones de dólares.

El informe en inglés “Dirty Profits 5” de Facing Finance se encuentra aquí.
El comunicado en versión PDF se enlace aquí.

Contactos:

Júbilo de organizaciones internacionales ante avance que sienta precedente de demanda civil contra Tahoe Resources en Canadá por violencia en Guatemala

30 de enero de 2017

(Guatemala/Montreal/Ottawa/Reno/Tatamagouche/Toronto/Washington, DC) Organizaciones de la sociedad civil canadienses y estadounidenses reciben con entusiasmo la decisión del Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica que Vancouver constituye el foro más adecuado para conocer una demanda civil contra Tahoe Resources por violencia hacia manifestantes pacíficos en contra de su mina de plata en Guatemala.

La decisión fue anunciada la semana pasada y permite el avance de la demanda por negligencia y agresión física que interpusieron los siete guatemaltecos que resultaron heridos por disparos en el 2013 en una manifestación pacífica contra Escobal, el proyecto argentífero de la empresa canadiense. Tahoe Resources está registrada en Columbia Británica y cuenta con oficinas en Reno. Cuando ocurrió el violento ataque, el único proyecto que tenía Tahoe era la mina de plata Escobal en el suroriente de Guatemala, la cual comenzó la etapa de producción comercial a principios del 2014.

“Este proyecto ha sido un desastre desde el principio y ya era hora que se responsabilice a la empresa”, indicó Ellen Moore, de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN). “Las comunidades se vienen oponiendo a la mina desde mucho antes que ésta empezara a operar, lo que llevó a la empresa a desarrollar una estrategia militarizada de seguridad para suprimir el disentimiento. Cundió el temor en las comunidades, y Tahoe aprovechó la situación para avanzar con el proyecto.”

“Casi un centenar de personas resultaron sindicadas con cargos infundados y algunas incluso han debido pasar meses en la cárcel antes de ser absueltas. El hecho que la seguridad privada de Tahoe Resources abriera fuego ante una manifestación pacífica en abril del 2013 demuestra que nada detendría a la empresa para garantizar que el proyecto siguiera adelante. Urge en este caso un poco de justicia de verdad”, agregó Becky Kaump de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA).

Unas pocas semanas antes del tiroteo, el Ministerio de Energía y Minas había aprobado la licencia de explotación del proyecto sin considerar los más de 200 recursos presentados por pobladoras/es en base a inquietudes que la mina afectara negativamente su salud y entorno. El ministro, que renunció en el 2015, se ha visto implicado en un escándalo de corrupción en Guatemala y actualmente está prófugo en Estados Unidos. Mientras tanto, se ha documentado evidencia de casas con grietas, escasez de agua y una notable contaminación ambiental en los alrededores de la mina.

“La impunidad reina en Guatemala. Celebramos la decisión que indica que Canadá es el lugar más apropiado para tratar estos abusos,” agregó Kelsey Alford-Jones del Centro para el Derecho Internacional Ambiental.

“Llevamos años acompañando a comunidades afectadas por la minería en Guatemala y nos alienta que el tribunal haya considerado seriamente la precaria situación del sistema jurídico en Guatemala, sobre todo en casos donde entran en juego poderosos intereses económicos y políticos”, indicó Lisa Rankin, de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas de Canadá y Guatemala. “En base a lo que hemos observado, concurrimos con el tribunal de apelaciones en que si la causa no se conoce en Canadá, puede que no haya justicia para las víctimas.”

Es la primera vez que un tribunal de apelaciones canadiense acepta una demanda sobre las operaciones en el extranjero de una empresa minera canadiense por ser Canadá el foro legal más apropiado para conocerla, en base al concepto jurídico conocido como “fórum non conveniens”. La causa contra Tahoe Resources se suma a varias otras que se encuentran en los tribunales canadienses, incluyendo tres contra HudBay Minerals por su negligencia en cuanto a la violencia en el oriente de Guatemala y otra contra Nevsun, también por negligencia en relación al uso de mano de obra esclava en Eritrea.

“La decisión es transcendental. Es primordial que los tribunales canadienses estén disponibles para hacer justicia dada la prevalencia de los conflictos violentos y daños vinculados a las operaciones de la minería canadiense en Guatemala, Latinoamérica y en todo el mundo”, dijo Jackie McVicar de United for Mining Justice.

“Es admirable la valentía de los querellantes guatemaltecos al presionar para que se haga justicia en contra de una empresa que ha reaccionado despiadadamente ante la oposición pacífica contra el proyecto Escobal. Expresamos nuestro apoyo continuo en esta dura y larga batalla, y nuestro júbilo ante el hecho que está avanzando”, señaló Caren Weisbart de la Red de Solidaridad contra la Minería Injusta.

“Buenas noticias como ésta son muy necesarias cuando la represión y la violencia selectiva contra comunidades que luchan por su tierra y su bienestar se han vuelto la norma. Reafirma nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a la autodeterminación de las comunidades y por mayores protecciones jurídicas para las poblaciones afectadas por la industria minera globalizada de Canadá”, concluyó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

Pinche aquí para ver el comunicado de los abogados y querellantes de la causa.

Contactos:

  • Lisa Rankin (Guatemala, Guatemala) – Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala, +011 (502) 4906-5626, btscoordinator(arroba)com
  • Jen Moore (Ottawa, Canadá) – Alerta Minera Canadá, 613-569-3439, jen(arroba)ca
  • Caren Weisbart (Toronto, Canadá) – Red de Solidaridad contra la Minería Injusta, caren.weisbart(arroba)com
  • Becky Kaump (Guatemala, Guatemala) – NISGUA, +011 (502) 5575-2058, becky(arroba)org
  • Ellen Moore (Reno, Estados Unidos) – PLAN Nevada, 775-348-7557, emoore(arroba)org
  • Jackie McVicar (Montreal, Canadá) – United for Mining Justice, 902-324-2584, unitedforminingjustice(arroba)com
  • Kelsey Alford-Jones (Washington, DC, Estados Unidos) – Centro para el Derecho Internacional Ambiental, 202-742-5854, kalford(arroba)org

 

 

Asesinato de joven asistente de organización ambientalista en Guatemala indica aumento en riesgos para defensoras y defensores de derechos humanos

16 de noviembre de 2016

(Ottawa/Toronto/Vancouver/Reno/Washington/Guatemala) Organizaciones norteamericanas se muestran profundamente consternadas por el asesinato a balazos de Jeremy Abraham Barrios Lima, joven de 22 años, Asistente del Director General del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), el sábado en la Ciudad de Guatemala.

El grupo compuesto por organizaciones jurídicas, ambientales y de justicia social, al igual que redes de solidaridad, de Canadá y Estados Unidos públicamente da el pésame a la madre y dos pequeñas hermanas que sobreviven a la víctima. Asimismo, demuestra su extrema preocupación por la seguridad y labor de CALAS y de las comunidades afectadas por la minería con las que esta organización colabora. No se puede negar la importancia de este brutal asesinato en medio de la violencia, cada vez mayor, contra defensoras y defensores de la tierra y el ambiente, periodistas, y ciudadanas y ciudadanos que trabajan en importantes luchas ambientales y por la justicia social tanto en el país como en la región.

Jeremy Barrios fue cruelmente asesinado en manos de desconocidos por dos impactos de bala en la cabeza mientras realizaba diligencias en la Zona 4 de la Ciudad de Guatemala. En CALAS, tenía bajo su responsabilidad el manejo de información sensible, y no había recibido ninguna amenaza o advertencia sobre este ataque. No le fue robado ningún efecto personal. Se concibe su asesinato como un mensaje directo para el director y personal de CALAS. Aún se desconoce el motivo exacto del asesinato.

“Este ataque a la organización de nuestros compañeros es un golpe terrible y confirma una perturbadora continuación de amenazas y brutalidad hacia defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente en toda Guatemala. Hace tan sólo dos semanas que estuvimos en Vancouver con el director del área legal de CALAS, Rafael Maldonado, que estaba apoyando víctimas guatemaltecas de violencia vinculada a la minería. Instamos a que se investigue exhaustivamente el incidente con objeto de dar con los autores materiales e intelectuales de este asesinato, y que se brinde protección a CALAS y a su personal”, indicó Matt Eisenbrandt, Director del Área Legal del Centro Canadiense para la Justicia Internacional (Canadian Centre for International Justice – CCIJ).

“Nos preocupa sobremanera la seguridad y el trabajo de organizaciones como CALAS y de comunidades afectadas por la minería en todo el país. De acuerdo a los resultados de nuestro reciente estudio, los niveles más elevados de violencia física vinculada a proyectos mineros de empresas canadienses se registran en Guatemala”, dijo Leah Gardner, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Empresarial (Justice and Corporate Accountability Project – JCAP) de la Facultad de Derecho Osgoode Hall en Toronto.

El informe de JCAP, titulado Canada Brand’: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, se publicó el 24 de octubre del 2016 y examina incidentes de violencia y criminalización en relación a veintiocho empresas canadienses en trece países latinoamericanos entre el 2000 y el 2015. El informe indica que al menos 44 personas fueron ultimadas durante este período, y de estos homicidios 30 fueron selectivos, mientras que más de 400 personas sufrieron lesiones, sin incluir accidentes laborales. También señala la persecución jurídica de más de 700 personas durante el mismo período, incluyendo arrestos y detenciones, por su labor en defensa de sus territorios, medios de vida, salud y ambiente.

“La situación de las y los defensores de la tierra y el ambiente en Guatemala y en Latinoamérica se está tornando cada vez más peligrosa. Es extremadamente urgente que el gobierno canadiense responda a las exigencias que plantearon más de 180 organizaciones latinoamericanas – incluyendo CALAS – en una comunicación dirigida a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, hace más de seis meses urgiendo que se tomen medidas para prevenir perjuicios sistémicos y garantizar el acceso a la justicia de personas y comunidades afectadas por los numerosos perjuicios que están ocurriendo”, afirmó Lisa Rankin de la Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala.

Entre otras cosas, la carta para el Primer Ministro Trudeau exige medidas que garanticen el respeto a las decisiones de muchas comunidades, tanto indígenas como no-indígenas, que se han pronunciado en contra de la minería a gran escala debido a los graves y dañinos impactos que ocasiona en el ambiente y el bienestar social. El documento también exige medidas que garanticen el acceso a los tribunales canadienses. En Guatemala, sin ir más lejos, se estima que 1 millón de personas votaron en contra de la minería en sus tierras y territorios vistos los impactos negativos en las áreas lindantes a proyectos de empresas canadienses como la mina Marlin de Goldcorp y Escobal de Tahoe Resources.

“Ante este fatal y devastador ataque, y la profunda aprensión producto de la continua militarización y amenazas contra defensoras y defensores de la tierra y el ambiente en Guatemala, reiteramos el interés de organizaciones en Estados Unidos y Canadá de forjar relaciones aún más solidarias con nuestras contrapartes guatemaltecas, apoyando su trabajo esencial para la salud de las comunidades y del ambiente” enfatizó Ellen Moore, de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN).

Amnistía Internacional Canadá, Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala, Canadian Centre for International Justice (CCJI), Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC), Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Proyecto de Acompañamiento Québec Guatemala (PAQG), Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Alerta Minera Canadá, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), Public Service Alliance of Canada (PSAC) y United for Mining Justice publican conjuntamente este documento.

Contactos:

  • Matt Eisenbrandt, Canadian Centre for International Justice (CCIJ), (604) 569-1778, meisenbrandt(arroba)ccij.ca
  • Leah Gardner, Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), (514) 267-8542 lgardner(arroba)justice-project.org
  • Lisa Rankin, Red de Solidaridad “Rompiendo el Silencio” entre las provincias marítimas de Canadá y Guatemala, btscoordinator(arroba)gmail.com
  • Ellen Moore, Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), (775) 348-7557, emoore(arroba)planevada.org

Se pide a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que se investigue la no revelación de juicios secretos de una compañía minera canadiense

COMUNICADO DE PRENSA

Se pide a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que se investigue la no revelación de juicios secretos de una compañía minera canadiense

11 de agosto de 2016

(GUATEMALA/OAKLAND/TORONTO) – La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) recibirá una petición para que investigue a una compañía minera canadiense, la cual tiene su sede en los EEUU y que ha instalado un proyecto minero en Guatemala. Esta petición está sustanciada en un informe de 35 páginas elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), con sede en Canadá, que es representante legal de la ONG estadunidense Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), así como del Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), de la Iglesia Católica guatemalteca.

El informe pide a la SEC que determine si la Tahoe Resources Inc. ha incumplido con el requerimiento legal de revelar violaciones de los derechos humanos, así como de informar sobre demandas judiciales relacionadas con la mina El Escobal, propiedad de dicha compañía.  La Tahoe sostiene que cuenta con un amplio apoyo comunitario para la operación de la mina, pero el informe del JCAP argumenta que el reporte anual de la Tahoe demuestra que la oposición a la mina es tan fuerte que incluso le ha sido imposible conectar sus instalaciones con la red eléctrica nacional. La SEC determinará si la Tahoe ha suministrado información falsa a los inversionistas.

Becky Kaump, de la oficina de la NISGUA en Guatemala, afirma que “persistentemente se han cometido violaciones de los derechos humanos contra las comunidades cercanas a la mina El Escobal, un proyecto iniciado sin el consentimiento comunitario”. Y añade Kaump: “En llamamientos internacionales que hemos hecho, hemos denunciado la violencia directa, las amenazas y la criminalización ejercidas contra los miembros de la comunidades”.

Tahoe niega cualquier responsabilidad por las amenazas y las muertes vinculadas con su mina en Guatemala, pero siete campesinos que fueron baleados por los guardias privados de la Tahoe en abril de 2013 están demandando a la compañía ante una corte de la Columbia Británica. El jefe de seguridad de la Tahoe, Alberto Rotondo, fue acusado, escapó mientras aguardaba la celebración de juicio en Guatemala, y fue recapturado en enero de 2016 en su nativo Perú.

Shin Imai, profesor en la Facultad de Derecho Osgoode Hall, de la Universidad York, en Toronto, descubrió las demandas presentadas por la Tahoe ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. “Me sorprendió encontrar que, entre bastidores, la Tahoe y los partidarios de la mina habían presentado demandas para intentar impedir que las comunidades realizasen plebiscitos sobre la minería. Y más sorprendente fue descubrir la demanda secreta contra el Presidente de Guatemala y media docena de otros funcionarios gubernamentales, en que se pedía protección contra las protestas que estaban entorpeciendo el proyecto minero”. El JCAP informa que la Tahoe no ha revelado la existencia de estas demandas, y esta falta de información puede contravenir las leyes estadunidenses.

En enero de 2015, el Fondo de Pensiones del gobierno noruego, que cuenta con activos por valor de más de $850 mil millones de dólares estadounidenses, se desvinculó de la Tahoe tras realizar una investigación que concluyó que la Tahoe constituye, y probablemente continuará constituyendo, un “inaceptable riesgo… por su relación con serias violaciones de los derechos humanos”.

Más información sobre los antecedentes de Tahoe Resources se enlace aquí. Las copias de un resumen del informe y el informe completo se enlazan aquí: cover letter y SEC Disclosure.

Para información adicional o la concertación de una entrevista, por favor, contactar con:

Moisés Divas Santos, Director
Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza xanpiya@gmail.com 502 5158 3503

Shin Imai, abogado
Justice and Corporate Accountability Project simai@justice-project.org 1 416 736 5274

Becky Kaump, Coordinadora de Programas en Guatemala
Network in Solidarity with Guatemala becky@nisgua.org 502 5575 2058

Comunicado de Prensa: Toronto, Nevada y Vancouver empapeladas con afiches que indican que “se busca” a los ejecutivos y gerentes de Tahoe Resources

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

miércoles, 4 de mayo de 2016

Comunicado de Prensa: Toronto, Nevada y Vancouver empapeladas con afiches que indican que “se busca” a los ejecutivos y gerentes de Tahoe Resources.

Toronto, Canadá: Inversionistas de Tahoe Resources se toparon esta mañana con más de 400 afiches de “se busca” por las calles que llevan a la asamblea general de la empresa este año. Los afiches resaltan los cargos contra varios empleados de Tahoe, que van desde ordenar que se abra fuego ante pobladores hasta contaminación industrial, al igual que los abusos a los derechos humanos y el medio ambiente que alegan las comunidades cercanas a la mina más importante de Tahoe, en Guatemala. Los mismos afiches aparecieron por las calles del centro de Vancouver y Reno donde se ubican las sedes canadiense y estadounidense de Tahoe Resources.

“Queríamos corroborar que los ejecutivos e inversionistas que asistieran a la asamblea general de Tahoe Resources se vieran obligados a afrontar los crímenes de su empresa y la violencia que han vivido las comunidades cercanas a la mina de Tahoe en Guatemala en nombre de las ganancias empresariales”, indica Rachel Small, miembro de la Red contra la Minería Injusta (Mining Injustice Solidarity Network – MISN) de Toronto.

El 27 de abril del 2013, el personal de seguridad de Tahoe Resources abrió fuego ante un grupo que se manifestaba pacíficamente enfrente de la mina de plata Escobal, en el municipio de San Rafael las Flores, en el suroriente de Guatemala. Las siete víctimas, que supuestamente fueron agredidas con armas de fuego al intentar huir, presentaron en junio del 2014 una demanda contra Tahoe en los tribunales de Canadá por su rol en la violencia. La empresa solicitó se desestime la demanda amparándose en la doctrina de fórum non conveniens, alegando que los gastos de traducción y envío internacional de pruebas serían demasiado costosos y “engorrosos”. La jueza Laura Gerow, magistrada del Tribunal Supremo de Columbia Británica se mostró de acuerdo con la empresa y suspendió la demanda en noviembre del 2015, sugiriéndoles a los querellantes que presentaran la demanda en Guatemala, a pesar de la evidencia de corrupción claramente documentada, y la impunidad generalizada en los tribunales de ese país en relación a crímenes violentos. Los querellantes apelaron la decisión.


[Afiches aparecieron por las calles del centro de Vancouver]

Alberto Rotondo, ex militar de Perú y jefe de seguridad de Tahoe cuando ocurrió el tiroteo, se encontraba bajo custodia policial en arresto domiciliario, pero escapó hacia finales del 2015, mientras esperaba el juicio en Guatemala por haber supuestamente ordenado que el personal de seguridad abriera fuego ante los manifestantes y luego encubrir la evidencia. Al cabo de alrededor de un mes de estar en fuga internacional, INTERPOL lo detuvo en Perú en enero. En la actualidad se encuentra a la espera de su extradición a Guatemala.

Estas demandas en Guatemala y Canadá no son sino una muestra de la controversia más generalizada que representa la mina de Tahoe Resources en Guatemala. Desde que la empresa llegó a la región, las y los líderes comunitarias/os que se oponen a la mina han debido afrontar represión, criminalización y violencia. A pesar del conflicto – o quizás debido a él – Tahoe se apresuró a iniciar operaciones en la mina antes de establecer la existencia confiable de reservas minerales, llegando a la producción comercial en enero del 2014. Más de 50,000 personas han votado en contra de la mina de Tahoe y su expansión en el área mediante 14 consultas comunitarias en seis jurisdicciones.

[Abajo: Afiches en Reno donde se ubica las sede estadounidense de Tahoe Resources.] 

Los afiches de “se busca” describen los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente vinculados a la empresa que incluyen asesinatos, criminalización de defensoras y defensores de la tierra, y contaminación industrial del agua. Además de Kevin McArthur, fundador y director ejecutivo de Tahoe, y Alberto Rotondo, en los afiches figuran Carlos Roberto Morales Monzón, demandado por contaminación de agua poniendo en riesgo las vidas de quienes viven en proximidad a la mina Escobal; los agresores desconocidos que asesinaron a Topacio Reynoso, lideresa de jóvenes, de 16 años, e hirieron de gravedad a su padre; y el personal y socios de Tahoe por la criminalización y estigmatización de líderes comunitarios en contra de la mina Escobal. De las 90 acusaciones infundadas que se presentaron entre el 2011 y el 2015 en contra de pobladores que sufren impactos de la minería, sólo una llegó a juicio.

“Si bien la la Red contra la Minería Injusta espera el día que las prisiones no representen el mayor método para responsabilizar y hacer justicia, Tahoe Resources y otras mineras canadienses operan en un contexto donde impera la impunidad empresarial”, indica Kate Klein, miembro de MISN. “Sus operaciones tan al margen de la ley enfurecen aún más cuando las comparamos a la impresionante criminalización y represión que viven defensoras y defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Esto no puede seguir así”.


La Red contra la Minería Injusta (MISN) es un grupo de voluntarias y voluntarios basado en Toronto que colabora estrechamente con comunidades afectadas por la industria extractiva canadiense en todo el mundo con objeto de apoyar la autodeterminación de las comunidades, sensibilizar a la población canadiense, y responsabilizar a las empresas.

Contacto: Rachel Small, la Red contra la Minería Injusta 647-769-2472mininginjustice@gmail.com

Versión de alta resolución de los afiches de “se busca”:
SE BUSCA – Kevin McArthur
SE BUSCA – Alberto Rotondo
SE BUSCA – Atacantes de Topacio y Alex Reynoso
SE BUSCA – Tahoe, criminalización 

Fotografías de alta resolución disponibles.

Para mayor información:
www.mininginjustice.org | www.tahoeontrial.net
Cronología de la mina Escobal de Tahoe en inglés:
http://bit.ly/1I2l3XZ

#TahoeEnLaMira

Traducido por Olimpia Boido. 

Ataque armado en Mataquescuintla, Jalapa contra personas quienes se oponen a la mina Escobal de la empresa minera canadiense-estadounidense Tahoe Resources

Thelma Aldana
Fiscal General de Guatemala
22 de octubre de 2015

Re: Ataque armado en Mataquescuintla, Jalapa contra personas quienes se oponen a la mina Escobal de la empresa minera canadiense-estadounidense Tahoe Resource

Estimada Thelma Aldana,

Las organizaciones abajo firmantes nos comunicamos para dar a conocer nuestra alarma tras el ataque armado contra seis personas el fin de semana pasado en Mataquescuintla, Jalapa, Guatemala, donde hace años que las comunidades se organizan en resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal, de Tahoe Resources. Tres personas resultaron heridas durante el atentado, incluyendo a Alex Reynoso, quien fue víctima de un ataque armado en 2014 en el que pereció su hija, Topacio. Nos preocupa enormemente la seguridad del Sr. Reynoso, de su familia, y otros quienes resisten pacíficamente contra la minería en Mataquescuintla y alrededores, en Guatemala. Condenamos esta violencia, exigimos una investigación a fondo e imparcial de los acontecimientos y reiteramos nuestras exigencias de una investigación a fondo e imparcial sobre todos los actos de violencia en relación al proyecto minero Escobal de Tahoe Resources, en el suroriente de Guatemala.

El sábado 17 de octubre, Alex Reynoso – defensor del medio ambiente y parte de la resistencia de Mataquescuintla contra la minería en el suroriente de Guatemala – fue baleado junto a dos hombres. Alex Reynoso se encuentra estable, en recuperación tras haber recibido un disparo en la región lumbar. Los dos hombres recibieron atención por lesiones leves antes de que se les diera el alta.

Agresores desconocidos llevaron a cabo el ataque poco después de salir los hombres de una reunión con el alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy, el sábado en horas de la tarde. Conducían camino a casa, y estaban a unos pocos kilómetros del pueblo cuando ocurrió el atentado.

Este ataque manifiesta las mismas características de otros atentados contra defensores/as del territorio y del medio ambiente en contra de la minería en el país, sobre todo aquellos contra quienes se oponen a la mina Escobal de Tahoe Resources en la región de Santa Rosa y Jalapa, en el suroriente de Guatemala. El ataque de Alex Reynoso se parece al que sufrió en abril del 2014. En ese momento Alex Reynoso fue herido de gravedad por un arma de fuego y Topacio Reynoso, su hija de 16 años que estaba con él en ese momento, fue asesinada a balazos. Entre otros incidentes de violencia vinculados a este proyecto se encuentra el de siete hombres heridos por guardias de seguridad privada cuando estos últimos abrieron fuego contra una protesta pacífica en frente de la mina en abril del 2013. En este caso, el grupo ha iniciado una demanda por negligencia y agresión contra Tahoe Resources en los tribunales de Columbia Británica. El antiguo jefe de seguridad de Tahoe Resources, Alberto Rotondo, se encuentra detenido a la espera de juicio por haber presuntamente ordenado el ataque. Se le imputan cargos por asalto y obstrucción de la justicia.

Desde el 2010, la familia Reynoso se ubica al frente de la resistencia regional contra el proyecto de Tahoe Resources. Topacio Reynoso era dirigente de la red de jóvenes de la Resistencia en Mataquescuintla contra la minería. Su padre, Alex Reynoso, es un dirigente comunitario que ha sido reconocido por su rol en la organización de la consulta comunitaria en el municipio.

En noviembre del 2012, el municipio de Mataquescuintla celebró la primera consulta municipal en el departamento de Jalapa, uniéndose a las tres municipalidades de Santa Rosa que ya habían dicho “no” a la minería en su territorio. Durante la consulta, más del 98% votó en contra de la presencia de actividad minera transnacional en sus tierras y, desde entonces, las autoridades municipales han respetado los resultados. En diciembre del 2013, la Corte de Constitucionalidad avaló la votación en Mataquescuintla, reconociendo la responsabilidad de las autoridades municipales de convocar tales consultas y tomar decisiones de acuerdo a sus resultados. Así se afirmó el valor de las consultas en tanto “una adecuada forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser consultados sobre asuntos de su interés”. Hasta la fecha, ha habido 14 consultas comunitarias en municipios, pueblos y comunidades cercanos al proyecto Escobal en las que decenas de miles de personas han votado “no” a las actividades de Tahoe Resources en la zona.

En el último mes y medio ha habido notables avances en el movimiento en contra de la minería en la zona, y es posible que esto haya incitado el violento ataque. Durante la primera ronda de elecciones nacionales el 6 de septiembre, el alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy, ganó su segundo mandato habiendo basado su campaña electoral en la oposición a la minería. El 9 de octubre, la consulta comunitaria sobre la minería en Mataquescuintla volvió a ser centro de atención, al publicarse de manera oficial los resultados de 2012 en Diario Centro América, y al publicar el periódico Prensa Libre un artículo indicando que el Consejo Municipal emitirá reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales para limitar la presencia de operaciones mineras en su territorio – un acontecimiento sin precedentes en el país.

El patrón de violencia y persecución de defensores/as del medio ambiente y dirigentes comunitarios/as en contra del proyecto minero Tahoe Resources nos preocupa enormemente. Es de suma importancia que el asesinato de Topacio Reynoso y los múltiples atentados contra Alex Reynoso y otras personas en Mataquescuintla no permanezcan en la impunidad. Hacemos un llamado al Procurador de Derechos Humanos y al Ministerio Público para que realicen una investigación a fondo e imparcial que garantice la justicia y para prevenir mayor violencia en la región. Exigimos además que el Ministerio de Gobernación le otorgue medidas cautelares a Alex Reynoso, de acuerdo a lo que él y su familia determinen adecuado.

Por último, reiteramos nuestro profundo compromiso a trabajar en solidaridad con las comunidades afectadas por el proyecto Escobal de Tahoe Resources, las cuales defienden sus tierras, sus vidas y el medio ambiente. Nos unimos a ellas exigiendo que se respeten los resultados de la consulta de Mataquescuintla, al igual que otras de los alrededores, mediante las cuales se le da voz al claro rechazo a la minería en su territorio. A su vez, continuamos reclamando un fin a la impunidad que gozan las empresas mineras estadounidenses y canadienses que operan en todo el mundo, y hacemos un llamado a las autoridades estadounidenses y canadienses para que se responsabilice a Tahoe Resources y a otras empresas en sus países de procedencia por los numerosos perjuicios que ocurren alrededor del mundo vinculados a sus proyectos.

BC CASA/Cafe Justicia, Vancouver, Canada
Be the Change, US
Cafe Rebelde Collective, Vancouver, Canada
Canadian Labour Congress (CLC)
Center for Alternative Mining Development Policy, La Crosse, WI, US
Center for International Environmental Law (CIEL), Washington, D.C., US
Central American Solidarity Committee, Kingston, Canada
Collectif Guatemala, France
Comité pour les droit humains en Amérique latine (CDHAL), Québec
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), US
Copper Country Guatemala Accompaniment Project (CCGAP)
Denver Justice and Peace Committee
Groundwater Awareness League, US
Guatemala/Canada Solidarity Network of Kingston, Canada
Guatemala Human Rights Commission (GHRC), US
Guatemala News and Information Bureau, California, US
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham
Guatemala Solidarity Project
In Solidarity with all Land Defenders
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
KAIROS Halifax, Canada
Latin America Solidarity Network-Milwaukee (LASC), US
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
Maui Peace Action
Midwest Coalition Against Lethal Mining, Milwaukee, WI
Mining the Connections Working Group, United Church of Canada
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Toronto, Canada
Mining Justice Action Committee, Victoria, Canada
Mining Justice Alliance (MJA) in Vancouver, Canada
MiningWatch Canada
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oxfam Guatemala
Portland Central America Solidarity Committee, US
Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN), US
Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG), Québec
Redwood Justice Fund, US
Reno Justice Coalition, US
RightOnCanada.ca
Rights Action, Canada/US
Rising Tide, Seattle, US
Rising Tide, Vancouver – Coast Salish Territories
Rochester Committee on Latin America, US
Social Justice Connection, Montreal, Québec
Solidarity with Ayotzinapa, Vancouver, Canada
Southeast Alaska Conservation Council, US
StoptheInsitute, Vancouver, Canada
Streams of Justice, Vancouver, Canada
SweFOR – Movimiento Sueco por la Reconociliación / Swedish Fellowship of
Reconciliation
Task Force on the Americas, California, US
United Steelworkers (USW), Canada
Victoria Philippine Solidarity Group, Victoria, Canada
Wisconsin Network for Peace and Justice, Madison, WI, US
Women’s International League for Peace and Freedom – Madison, WI, US
Wyoming Guatemala Accompaniment Project (WYGAP)

CC:

Jorge Eduardo De León Duque
Special Human Rights Prosecutor’s Office of Guatemala

Eunice del Milagro Mendizábal
Head of Ministry of the Interior

Juan Pablo Ligorría Arroyo
Minister of Energy and Mines

Ambassador Deborah Chatsis
Canadian Embassy in Guatemala

Ambassador Todd D. Robinson
US Embassy in Guatemala

Ambassador Georg Andrén
Swedish Embassy in Guatemala

Surgen preguntas preocupantes sobre el equipo de seguridad militarizada de Tahoe Resources en base de transcripciones de escuchas telefónicas

Fuente: Amnistía Internacional Canadá – AlertaMinera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)

7 de abril, 2015

(Ciudad de Guatemala/Ottawa/Vancouver) Han salido a la luz pública las transcripciones de las escuchas telefónicas del exjefe de la seguridad de la empresa minera Tahoe Resources, Alberto Rodondo, derivado de una demanda civil en Canadá por víctimas sobrevivientes al tiroteo ocurrido el 27 de abril de 2013, afuera de la entrada del proyecto Escobal. Las transcripciones brindan evidencias contundentes sobre que Rotondo dirigió un ataque armado en contra de manifestante pacíficos, realizando acciones de encubrimiento de evidencias de dicho crimen, para posteriormente intentar huir del país. Las escuchas telefónicas salieron a la luz pública gracias a una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala dos semanas antes de los hechos ocurridos, aparentemente relacionado hechos violentos anteriores. Las mismas que fueron originalmente presentadas ante una audiencia pública en mayo 2013 en Guatemala, cuando se levantaron cargos de asalto y encubrimiento en contra de Rotondo.

Siete guatemaltecos lesionados durante el ataque presentaron una demanda civil en contra de Tahoe Resources, con sede en Vancouver, Canadá, alegando que tiene responsabilidad por negligencia y agresiones en torno al ataque. Las primeras audiencias en la Corte Suprema de Columbia Británica, Canadá iniciaron el 8 de abril de 2015. Según la demanda presentada, Tahoe está acusado de haber autorizado expresamente el uso de fuerza excesiva por Rotondo y su personal de seguridad en contra de las personas heridas. Así mismo la Empresa fue negligente por haber fallado en prevenir el uso de la fuerza excesiva. Las transcripciones de las escuchas telefónicas han sido entregados como prueba en el caso.

En la transcripción número 4010, como parte de una conversación con el asesor de comunicaciones y seguridad, Alberto Rotondo explica que se pretende acabar las manifestaciones en contra de la mina con violencia: “Los corrí a balazos […] Traigan al cura Melgar pues, o a mujeres y niños para que se defiendan, ¿no eras el mero brincón? Así les dije a todos. Bueno hijue putas! […] Y les metí pero así […] En ningún momento yo voy a permitir, no voy a permitir que estos agarren confianza…

En la transcripción número 4052, aparentemente hablando con uno de las guardias bajo su mando, Rotondo continúa: “Dicen que uno, tiene una, un balazo en la cara y… si le estalló en la cara, a balazos es que aprenden.

En la misma transcripción, Rotondo ordena alterar la evidencia, mientras inventa otra versión de los eventos: “Limpien las armas pues […] Límpienlas bien, decimos ‘aquí no pasó nada.’ Grabaciones no hay ¿me entiendes? […] La versión es: que entraron y ellos nos atacaron. Y los hemos repelido no. […] Hay que decirle a la gente, es de que no se preocupe, que ellos vienen todos los días a agredirnos, con machetes y con piedras y la gente se ha defendido pues. Ahí están, allí están los escudos rotos. Pero quiebren dos más, para que vean de que nos atacaron.

También parece que Rotondo coordinó con un oficial de la policía, con el nombre ‘Adilio’, conocido así por los vecinos de la zona, para asegurar que los guardias de seguridad y la policía contaran la misma versión de los eventos del 27 de abril. Activistas locales también sospechan que un individuo actuando bajo la dirección de Rotondo, referido en las escuchas como ‘El Moreno’, se había infiltrado en sus reuniones.

Finalmente, durante una llamada con su hijo en Lima, Pedro, Rotondo informa sobre sus planes para escapar: “Han habido problemas aquí en Guatemala y es mejor que me ausente un tiempo. ¿Si? […] Le saque la mierda a varios huevones aquí. Que se vayan al carajo. Entonces para evitarme un tema legal y esa onda.”

Justo después de esta última llamada, Alberto Rotondo fue capturado en el aeropuerto internacional de Guatemala y ligado a proceso por asalto y obstrucción de justicia. Seis campesinos y un estudiante fueron lesionados en el ataque. Todos son residentes de la municipalidad de San Rafael Las Flores donde está ubicada la mina Escobal.

Al mismo tiempo existe un proceso penal en contra de Alberto Rotondo en Guatemala, pero este ha sido demorado varias veces por diferentes estrategias jurídicas desde el 2013 a la fecha.

El 1 de mayo de 2013, Tahoe Resources publicó un comunicado con el propósito de echar la culpa a otros, declarando que la violencia proviene de “actores ajenos” y son responsables de aumentar las tensiones alrededor de la mina, con “una manifestación de aproximadamente 20 personas armados con machetes se volvió hostil”.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias canadiense ‘iPolitics’ con el Representante de Relaciones con Inversionistas de Tahoe Resources, Ira Gostin, después de la publicación de las escuchas telefónicas presentadas como evidencia durante la audiencia pública el 6 de mayo de 2013 en Guatemala, Gostin afirmó que las escuchas eran falsas y que las acusaciones contra Rotondo eran inventos, mientras que dichas pruebas indican lo contrario.

La empresa no publicó otra declaración pública sobre el hecho hasta el 10 de julio cuando reportó haber terminado su contrato con la firma de Rotondo. En comunicaciones posteriores el Consejo Ético del Fondo de Pensiones Noruego publicó en su informe anual de 2014 que Tahoe Resources “[negó] que Señor Rotondo ordenó el asesinato de manifestantes pero no quiso dar más información sobre este punto dado a que hay un proceso abierto.” El Fondo de Pensión Noruego concluyó su investigación con la recomendación de no invertir más en Tahoe Resources.

Según una declaración presentada por el Vice Presidente de Operaciones, Donald Paul Gray, Tahoe Resources originalmente contrató a Rotondo a través de un acuerdo con International Security and Defense Management, LLC (ISDM), una empresa estadounidense con sede en California y liderado por ex-militares con experiencia en Afganistán y Iraq.

Después, aconsejado por ISDM, Rotondo fue contratado directamente por la subsidiaria de Tahoe Resources, Minera San Rafael. Anteriormente, Rotondo sirvió con la Marina del Perú y, según su página personal de LinkedIn, ha recibido entrenamiento militar en Fort Bragg, Carolina del Norte, EEUU, sobre la guerra psicológica y el contra-terrorismo en conflictos de baja intensidad.

La demanda civil presentada en Canadá por los siete agraviados en contra de Tahoe Resources por sus acciones en el extranjero es la primera en su tipo de ser escuchado en la provincia de Columbia Británica (B.C.). Las transcripciones de las escuchas telefónicas fueron entregadas como parte del proceso. Las audiencias de esta semana giran en torno a una solicitud de Tahoe Resources para desestimar el caso, que debe ser escuchado en B.C. o en Guatemala.

Se incorporó Tahoe Resources bajo el Acta de Corporaciones del B.C. y tiene sus oficinas centrales en Vancouver. Goldcorp, dueño de la Mina Marlin en el noroeste de Guatemala lo cual ha sido un fuente de conflicto con las comunidades indígenas afectadas por más de 10 años, tiene 40% de las acciones de Tahoe Resources y anualmente nombran 3 directores a su junta directiva.

Amnistía Internacional Canadá, Alerta Minera Canadá y la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) han monitoreado y reportado sobre este caso durante los últimos años.

Copias de las transcripciones de las escuchas telefónicas y la otra declaración mencionado en este boletín están disponibles aquí: evidencia de escuchas y declaración de Donald Paul Gray.

Contactos:

Jen Moore, Alerta Minera Canadá , (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca

Megan Whelan, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), (011)-502–2288-9504, Megan(at)nisgua.org

Tara Scurr, Amnistía Internacional Canadá, (604 )294-5160 x102, TScurr(at)amnesty.ca

Demanda en contra de Tahoe Resources – señal de alerta para inversionistas y canadienses

18 de junio de 2014

Fuente: Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) – Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala

victimslawyers(Ottawa/Tatamagouche/Guatemala) Se presentó hoy día una demanda civil en Vancouver contra Tahoe Resources por negligencia y agresión en relación a un tiroteo en el proyecto argentífero de la empresa en Guatemala, lo que transmite un claro mensaje a inversionistas y a la población canadiense en general.

Siete víctimas de un tiroteo que habría sido encargado por el ex jefe de seguridad de la empresa Tahoe Resources, Alberto Rotondo, han enjuiciado a la empresa por daños punitivos. Rotondo es un antiguo oficial de marina peruano ligado a proceso en Guatemala con cargos relacionados al ataque de mayo del 2013. La demanda canadiense representa uno de los muchos abusos vinculados al único proyecto de Tahoe, el cual se precipitó a la producción en enero del 2014 a pesar de la elevada oposición de las comunidades.

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Guatemaltecos presentan demanda civil contra una empresa minera canadiense por daños resultados de un tiroteo en 2013

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Vancouver, 18 de Junio del 2014. Siete guatemaltecos presentaron hoy una demanda civil en una corte de Vancouver contra la Empresa Minera Canadiense Tahoe Resources Inc. por los daños que sufrieron el año pasado, cuando personal de seguridad de Tahoe les dispararon a quemarropa. Los hombres, residentes de San Rafael Las Flores, lugar en donde se ubica la mina El Escobal, propiedad de la empresa canadiense, alegan que Tahoe es legalmente responsable de la violencia que se ejerció sobre ellos, cuando estaban protestando pacíficamente.

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